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DEFENSA DEL EMPLEO


Real Decreto-ley 18/2020, de 12  de mayo        Fecha de entrada en vigor: 13/05/2020

 

LÍMITES RELACIONADOS CON REPARTO DE DIVIDENDOS  Y TRANSPARENCIA  FISCAL (Artículo 5).

Las empresas y entidades con  domicilio en paraísos fiscales no  podrán acogerse a  los ERTES de fuerza mayor regulados en este Real Decreto-ley.

Las  sociedades mercantiles    u  otras personas jurídicas que se acojan a  los  ERTES de fuerza mayor regulados en este  Real  Decreto-ley y que utilicen  los  recursos públicos destinados a los mismos, no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al  ejercicio fiscal  en el que se apliquen estos ERTES, excepto si devuelven el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social.

Esta  limitación  no  será de aplicación para empresas que, a  fecha de 29  de febrero de 2020,  tuvieran  menos de  50  personas  trabajadoras,  o  asimiladas  a  las   mismas,  en situación de alta en la Seguridad Social.

No se tendrá en cuenta el ejercicio en el que la sociedad no distribuya dividendos a los efectos del ejercicio del derecho de separación de los  socios   previsto  en el artículo 348.bis, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por  el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DEL EMPLEO (Disposición final primera. Tres).

Se modifica  la  disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, concretando el alcance  del  compromiso de  mantenimiento  del  empleo  y  las   consecuencias de  su incumplimiento. De forma  que:

• Se limita  el compromiso a  las  empresas que se hayan acogido a  ERTES por  fuerza mayor vinculada al COVID-19 y a las personas afectadas por  dichos expedientes.

• Los  seis meses en los  que la  empresa debe mantener el empleo se contabilizan desde   la    fecha   de   reanudación  de   la    actividad,   entendiendo   por    tal   la reincorporación al  trabajo efectivo de personas afectadas por  el expediente, aun cuando ésta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

• No se considerará  incumplido dicho  compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga  por   despido  disciplinario declarado  como   procedente, dimisión,  muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta  o gran  invalidez de la  persona trabajadora,  ni   por   el  fin   del  llamamiento  de  las   personas  con   contrato  fijo- discontinuo, cuando éste no suponga un despido sino una  interrupción del mismo.

En definitiva, siguiendo lo dispuesto en el ET la cláusula debería entenderse incumplida en los  siguientes casos: resolución por  ETOP; extinción por  fuerza mayor; cualquier resolución calificada como  improcedente o nula; extinción por  mutuo acuerdo sobrevenido;  extinción   por   muerte,  incapacidad o   jubilación  del  empresario; extinción   por    desistimiento   durante   el   periodo  de   prueba;   extinción   por cumplimiento  de  cláusulas válidamente  consignadas en  el  contrato;  extinción  a instancia  de  la   trabajadora  víctima  de  violencia de  género;  y  resolución  por artículos 40, 41 o 50 ET.

• En el caso  de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por  expiración del tiempo convenido o la  realización de la  obra  o servicio que constituye  su  objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

• El  compromiso  de  mantenimiento   de  empleo  se  valorará  en  atención   a   las características  específicas  de  los   distintos   sectores  y   la   normativa   aplicable, teniendo  en cuenta, las  especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.

• No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las  que concurra un  riesgo de concurso de acreedores, en los términos del artículo  5.2  de la  Ley 22/2003,  de 9  de julio,  Concursal,  que dice que salvo prueba  en  contrario,  se  presumirá  que  el  deudor  ha   conocido  su   estado  de insolvencia  cuando  haya   acaecido  alguno de  los   hechos  que  pueden  servir  de fundamento  a  una   solicitud  de  concurso necesaria,  esto  es,  si  la   solicitud  de declaración concursal la presenta un  acreedor fundado en título por  el que se haya despachado  ejecución  o  apremio  sin   que  del  embargo  resultasen  bienes  libres bastantes para el pago,  o  bien,  esté fundada en el sobreseimiento  general en el pago   de las  obligaciones del deudor;  la  existencia  de embargos por  ejecuciones pendientes que afecten  al  patrimonio  del deudor;  por   alzamiento  o  liquidación apresurada o ruinosa de los  bienes; o se produzca un  incumplimiento  generalizado del pago  de obligaciones tributarias,  de cuotas  a la Seguridad Social,  o del pago  de salarios,  indemnizaciones y demás retribuciones derivadas del trabajo, siempre que estos incumplimientos estén referidos a los tres meses anteriores de la solicitud del concurso.

• Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la  totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo  pago  resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses  de  demora  correspondientes,   según   lo   establecido   en  las    normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, previas actuaciones al  efecto de la Inspección   de  Trabajo  y   Seguridad   Social   que  acredite  el  incumplimiento   y determine las cantidades a reintegrar.

 PROHIBICIÓN DE DESPEDIR (Disposición final segunda).

Se mantendrá,  hasta 30  de junio de 2020,  la  prohibición de extinción  del contrato de trabajo o despido por  fuerza mayor o causas objetivas, en las que se amparan los ERTES de los  artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, prevista en el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020.

SUSPENSIÓN DE CONTRATOS TEMPORALES (Disposición final segunda).

Se mantendrá, hasta 30 de junio de 2020, la previsión recogida en el artículo 5 del Real Decreto-ley  9/2020  de que la  suspensión de los  contratos temporales  por  ERTES,  de fuerza mayor y ETOP vinculados al  COVID-19,  supondrá la  interrupción  del cómputo  de la  duración de estos contratos y de los  periodos de referencia equivalentes al  periodo suspendido.

COMISIÓN  DE   SEGUIMIENTO  TRIPARTITA   LABORAL  (Disposición    adicional segunda).

Se  crea   una   Comisión   de  Seguimiento  tripartita  laboral integrada  por   las   personas designadas por  el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social  y Migraciones, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, para el seguimiento de las medidas que en el ámbito laboral se están adoptando  en la  fase de excepcionalidad atenuada, el intercambio  de información y el debate de las  medias que se propongan por  el Gobierno o cualquiera de las organizaciones que la integran.

 

 

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