•  (34) 942 24 10 24
  •  Acceder
  •  Registro
  •  Webmail
    Spanish English French German

NOTICIAS


INGRESO MININO VITAL


Real Decreto-ley 20/2020- BOC 1/6/2020

Objeto: prestación económica dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social

Beneficiarios:

1.- Las personas integrantes de una unidad de convivencia, entendiéndose por esta la constituida por las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o como pareja de hecho; vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción; y otras personas con las que conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. 

Excepcionalmente, tendrán también la consideración de unidad de convivencia:

  • La constituida por una persona víctima de violencia de género que haya abandonado su domicilio acompañada de sus hijos y sus familiares hasta el segundo grado.
  • La constituida por una persona acompañada de sus hijos o menores y sus familiares hasta el segundo grado que haya iniciado los trámites de separación o divorcio.
  • La constituida por dos o más personas de al menos 23 años y menores de 65 que, sin mantener entre sí una relación, habiten en un mismo domicilio.

Cuando las personas beneficiarias formen parte de una unidad de convivencia, se exigirá que esta esté constituida, al menos, desde el año anterior a la presentación de la solicitud. No obstante, este requisito no se exigirá en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente de menores, así como tampoco en los supuestos de víctimas tanto de violencia de género como de trata de seres humanos y explotación sexual.

2.-Las personas entre 23 y 65 años que viven solas, o que, compartiendo domicilio con una unidad de convivencia no se integren en la misma, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

  • No estar unidas por vínculo matrimonial o como pareja de hecho salvo las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio.
  • No formar parte de otra unidad de convivencia.

En cambio, no podrán ser beneficiarias las personas usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter permanente y financiada con fondos públicos.

Los anteriores requisitos no se exigirán en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.

3.- Actuales beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento. A partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, no podrán presentarse nuevas solicitudes para esta asignación económica dado que quedará extinguida.

Requisitos para acceder a la prestación:

  • Residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. Este requisito no se exigirá respecto de:
  • Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
  • Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual.
  • Las mujeres víctimas de violencia de género.
  • Situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes. Concurrirá este requisito cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales de la persona beneficiaria o del conjunto de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual garantizada con esta prestación, que, en el ejercicio 2020, asciende a 5.538 euros.

No computan como ingresos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.

Asimismo, no se apreciará vulnerabilidad económica cuando la persona beneficiaria individual sea titular de un patrimonio valorado en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada, calculado para 2020 en 16.614 euros.

En el caso de las unidades de convivencia, se entenderá que no concurre este requisito cuando sean titulares de un patrimonio valorado en un importe igual o superior a la cuantía resultante de aplicar los coeficientes establecidos en la norma. 

Igualmente quedarán excluidos del acceso al ingreso mínimo vital, independientemente de la valoración del patrimonio, las personas beneficiarias individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad mercantil.

  • Haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes a las que se pudiera tener derecho. Quedan excluidos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.
  • Inscripción como demandante de empleo, en el caso de menores emancipados o personas mayores de dieciocho años.

 

Cuantía:

Vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen la unidad de convivencia en el ejercicio anterior.  Respecto a este cómputo, se considerará renta garantizada:

a) En el caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual ascenderá al 100 por ciento del importe anual de las pensiones no contributivas, dividido por doce, que en el ejercicio 2020, asciende a 5.538 euros.

b) En el caso de una unidad de convivencia, la cuantía mensual anteriormente descrita se incrementará en un 30 por ciento por miembro adicional a partir del segundo hasta un máximo del 220 por ciento.

A esta suma, se añadirá un complemento de monoparentalidad equivalente al 22 por ciento de la cuantía establecida para las pensiones no contributivas, que, en el caso de 2020, asciende a 1.218,36 euros.

Reglamentariamente, se determinará el posible incremento de las cuantías fijadas cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual superiores al 10 por ciento de la renta garantizada que corresponda, en función del tamaño y configuración de la unidad de convivencia.

La percepción del ingreso mínimo vital será compatible con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia de la persona beneficiaria o de uno o varios miembros de la unidad de convivencia en los términos que se establezcan.

 

Solicitudes:

La solicitud deberá presentarse por el interesado o el represente de la unidad de convivencia. Cuando en una unidad de convivencia existieran varias personas que pudieran resultar titulares de la prestación, se considerará titular la persona a la que se le reconozca la prestación solicitada en nombre de la unidad de convivencia. En un mismo domicilio podrá haber un máximo de dos titulares.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a la resolución del procedimiento en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada en su registro del expediente administrativo. Transcurrido dicho periodo sin resolución expresa, se entenderá denegada por silencio administrativo.

Por su parte, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá, hasta el 31 de diciembre de 2020, reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a aquellas personas beneficiarias de alguna de las distintas rentas de inserción o básicas establecidas por las comunidades autónomas.

Por otro lado, para las situaciones de carencia de rentas, a los exclusivos efectos del cómputo de las mismas, se permite, de forma excepcional, la presentación de solicitudes, hasta el 31 de diciembre, en supuestos de vulnerabilidad económica producidos durante el año 2020.

 

Suspensión y extinción:

Entre las causas de suspensión recogidas en el Real Decreto-ley, destacan las siguientes:

  • El incumplimiento de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones conllevará la pérdida de la prestación por un periodo de hasta tres meses y hasta seis meses en el incumplimiento reiterado.
  • Incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia.

Entre las causas de extinción, resalta:

  • En el caso de fallecimiento de la persona titular, cualquier otro miembro de la unidad de convivencia que cumpla los requisitos podrá presentar una nueva solicitud.
  • Resolución recaída en un procedimiento sancionador que así lo determine.
  • Salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora durante un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año.
  • Extinción sobrevenida, en caso de suspensión igual o superior al año.

 

Reconocimiento y control de la prestación:

El Instituto Nacional de la Seguridad Social será la entidad gestora competente para el reconocimiento y el control de esta prestación económica ..

Asimismo, se contempla la colaboración con los gobiernos autonómicos y locales, que, a través de convenio habilitante al efecto suscrito con el INSS, participarán en la gestión de la prestación.

Compartir esta información


Noticias relacionadas