Durante demasiado tiempo hemos convertido el absentismo laboral en un tema tabú. Basta con plantear la necesidad de reformar el sistema para que inmediatamente aparezcan acusaciones de querer recortar derechos o de criminalizar a los trabajadores. Sin embargo, la realidad es muy distinta. El verdadero problema no son los trabajadores que enferman, sino un sistema que, en demasiadas ocasiones, ha dejado de cumplir su función: diagnosticar, tratar y reincorporar al trabajador a su puesto en el menor tiempo posible.

Cantabria lleva años situándose entre las comunidades autónomas con mayor absentismo laboral de España. Mientras la media nacional ronda el 7,2 %, nuestra comunidad alcanzó el 8,6 % en el primer trimestre de 2026 y llegó incluso al 9,2 % en algunos periodos del año anterior. No hablamos de un fenómeno coyuntural, sino de un problema estructural que afecta directamente a la competitividad de nuestras empresas.

Las cifras económicas son demoledoras. Solo en 2025 se perdieron en Cantabria más de 4,1 millones de jornadas de trabajo (18 jornadas por cada trabajador), con un coste estimado superior a 914 millones de euros, de los que más de 750 millones fueron soportados directamente por las empresas. Para una comunidad con el tamaño de la nuestra, estas cifras deberían provocar una auténtica alarma institucional.

Especialmente porque la inmensa mayoría de los trabajadores cumple con su obligación. Los datos muestran que más del 80 % de los trabajadores cántabros no tuvo ninguna baja durante todo el año. Sin embargo, un reducido porcentaje un 4,72% de los trabajadores concentran el 44,71% de los procesos y el 26,91% de las jornadas perdidas. Es precisamente ahí donde el sistema está fallando y donde deberían concentrarse los esfuerzos de mejora.

Uno de los principales factores es el colapso de las listas de espera sanitarias. Resulta difícil aceptar que un trabajador pueda permanecer doce, quince o incluso dieciocho meses de baja simplemente porque continúa esperando una intervención quirúrgica. Durante ese tiempo pierde calidad de vida, la empresa reorganiza su actividad como puede y la Seguridad Social asume un coste creciente que pagamos entre todos.

Existe además una realidad incómoda que merece ser analizada sin prejuicios, y es el hecho de que cuando una persona manifiesta su intención de acudir a la sanidad privada o solicita determinadas derivaciones, ve adelantada su intervención en la sanidad pública. El acceso a una operación no puede depender de la capacidad de presión del paciente, o de la decisión de éste de presionar.

Tampoco podemos ignorar que el sistema actual presenta importantes carencias en el seguimiento de las bajas de larga duración. Hay procesos que permanecen abiertos durante meses con escasas revisiones, poca coordinación entre organismos y una enorme lentitud administrativa. No se trata de desconfiar del trabajador, sino de reconocer que un sistema moderno debe ser capaz de evaluar periódicamente cada proceso y facilitar la recuperación cuando sea posible.

Lo más preocupante es que este debate parece prohibido. Cada vez que una organización empresarial, la CEOE o un dirigente político plantean la necesidad de revisar el funcionamiento de la incapacidad temporal, la reacción suele ser inmediata: se les acusa de querer atacar los derechos de los trabajadores. Lo hemos visto recientemente con las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo. Se puede discrepar del tono empleado, pero centrar toda la discusión en las palabras utilizadas impide abordar el verdadero problema: un sistema que acumula bajas cada vez más largas, listas de espera crecientes y un coste económico difícilmente sostenible.

En este contexto también merece una reflexión la posición de algunas organizaciones sindicales. Los sindicatos han desempeñado un papel esencial en la conquista de los derechos laborales y deben seguir haciéndolo. Pero precisamente por esa responsabilidad deberían liderar las propuestas para mejorar el sistema, no bloquear cualquier debate sobre su funcionamiento y control, que automáticamente se presentan como un recorte de derechos del trabajador como si una revisión de una incapacidad temporal pusiera automáticamente en duda la honestidad del enfermo. La defensa debería centrarse en exigir que se intervenga antes, se rehabilite antes y se pueda reincorporar al trabajo.

Las soluciones existen y dependen de la voluntad política.

La Sanidad Pública debe convertir en prioridad la reducción de las listas de espera de aquellos pacientes que se encuentran en incapacidad temporal, ampliando la actividad quirúrgica y utilizando todos los recursos disponibles para evitar demoras injustificadas.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social debe reforzar el seguimiento de las bajas de larga duración mediante revisiones más frecuentes y una coordinación mucho más estrecha con los servicios públicos de salud.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social deben disponer de un mayor protagonismo en traumatología, rehabilitación y procesos musculoesqueléticos, aprovechando plenamente unos recursos sanitarios que hoy siguen infrautilizados.

La Inspección Médica y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social deben intensificar el seguimiento de los procesos prolongados, garantizando que cada incapacidad evoluciona conforme a criterios exclusivamente médicos y que los bloqueos administrativos se resuelven con rapidez.

Y el Gobierno de Cantabria debería tener como objetivos prioritarios reducir las listas de espera, crear circuitos rápidos para trabajadores pendientes de cirugía, mejorar la coordinación institucional y atajar este problema, porque una comunidad que aspira a atraer industria, inversión y empleo de calidad no puede permitirse seguir encabezando, año tras año, las estadísticas nacionales de absentismo laboral.

Abandonemos los discursos institucionales y afrontemos sin prejuicios una reforma que beneficie a los trabajadores, a las empresas y al conjunto de la sociedad.

Alberto Gómez Otero – Secretario General PYMETAL CANTABRIA