Mediante la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción se transpone la conocida como Directiva Whistleblower, que regula los comúnmente conocidos como canales de denuncias. Esta normativa surge con la intención de proteger a las personas que, conocedoras de infracciones de las organizaciones públicas o privadas para las que trabajan o prestan servicios o tienen algún tipo de conexión, desean denunciar sin temor a represalias, estableciendo las correspondientes obligaciones para las entidades que deban contar con estos canales.
Las entidades obligadas a disponer de estos sistemas de información son:
Los plazos para la adecuación a la normativa son los siguientes:
Los canales de denuncias sujetos a esta normativa deben estar abiertos tanto a vulneraciones del Derecho de la Unión como al resto del ordenamiento jurídico (incluido el nacional) que afecten directamente al interés general (se entiende que este está comprometido en todo caso si la vulneración investigada afecta a la Hacienda Pública). Asimismo, deben cumplir ciertos requisitos, como (entre otros) permitir un uso asequible, las comunicaciones anónimas, garantías de confidencialidad, prácticas correctas de seguimiento, investigación, protección del informante y cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos. Las comunicaciones o denuncias se podrán efectuar por escrito, verbalmente o de ambos modos.
El responsable de su implantación es el órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo obligado, exigiéndose la previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras (RLT). Además, se debe designar a un responsable de su correcto funcionamiento (Responsable del Sistema), cuyo nombramiento debe ser comunicado a la recién creada Autoridad Independiente de Protección del Informante (si en la entidad ya existía un responsable de cumplimiento normativo o de las políticas de integridad, podrá ser esta la persona designada). En los grupos de sociedades, tanto el responsable del sistema, como el sistema interno de información, pueden ser uno para todo el grupo.
Además de los requisitos generales, los sujetos obligados deben disponer de un registro de informaciones, que se configura como un libro-registro de las comunicaciones recibidas y de las investigaciones internas a que hayan dado lugar, (garantizando, en todo caso, los requisitos de confidencialidad). Este registro no será público y únicamente se podrá acceder a él a petición razonada de la autoridad judicial competente (los datos personales que pueda contener se conservarán durante el período que sea necesario y proporcionado y, en ningún caso, por un plazo superior a 10 años).
Por último, las sanciones consisten siempre en multas, con cuantías que varían:
Se incluye en ambos casos como infracción muy grave el incumplimiento de la obligación de disponer de un Sistema interno de información.
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