Es absolutamente injustificado trasladar al tejido productivo el coste de una movilización cuyas principales reivindicaciones requieren decisiones que sólo atañen a las administraciones públicas.

Santander, 9 de octubre de 2026.

PYMETAL expresa su profundo desacuerdo con la convocatoria de huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre. No solamente es inoportuna en el tiempo, sino también en la forma en que se quiere utilizar a las empresas y trabajadores y la actividad productiva en general como instrumentos de presión para reclamar soluciones a problemas que únicamente corresponden a los poderes públicos.

El motivo por el que se ha sido planteada – la vivienda – no puede ser nunca un argumento legítimo por sí sólo para promover una huelga que sería considerada por tanto exclusivamente política y por tanto ilegal.

Y por ello la necesidad de adornar la convocatoria con supuestas reivindicaciones salariales genéricas y de este modo legalizar la que a priori debería ser considerada una huelga ilegal por ajena a las relaciones laborales.

Es evidente que la dificultad de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes y las familias trabajadoras es un problema grave. Sin embargo, paralizar la actividad económica no constituye una respuesta eficaz a un problema estructural que requiere políticas públicas de vivienda, disponibilidad de suelo, seguridad jurídica, inversión y coordinación entre administraciones.

Las empresas no tienen por qué soportar las consecuencias económicas de decisiones políticas y administrativas sobre las que carecen de capacidad de intervención directa.

Las empresas son fundamentales para la creación de empleo, la generación de riqueza y el sostenimiento del Estado del bienestar e interrumpir su actividad es perjudicar la competitividad y la productividad (de las que andamos muy escasos), y favorecer la incertidumbre económica.

La intencionalidad del momento de la convocatoria es insultantemente evidente. Convocar en vísperas de unas elecciones generales y con las Cortes disueltas cuando durante más de ocho años de gobierno los convocantes no han hecho la más mínima crítica a la inactividad gubernamental en materia de vivienda requiere que estos convocantes expliquen claramente los objetivos concretos de la huelga, señalen las instituciones a las que se dirigen sus reivindicaciones e informen de los resultados que razonablemente esperan alcanzar, porque los problemas de vivienda no se resolverán paralizando fábricas, talleres y centros de trabajo. Se resolverán con políticas eficaces, responsabilidad institucional y acuerdos concretos.

El derecho de huelga merece el máximo respeto, pero su ejercicio no impide cuestionar públicamente la oportunidad, los objetivos las consecuencias e incluso la legalidad de esta convocatoria.

Las empresas no pueden ser las destinatarias de una presión que debe dirigirse contra quienes tienen las competencias para adoptar las soluciones reclamadas.